El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar RunItOneTime LLC contra Estados Unidos, poniendo fin a una impugnación de la Ley de Control de Juegos Indígenas y preservando el estatus de los pactos de juegos tribales de Washington.
RunItOneTime, anteriormente conocida como Maverick Gaming, afirmó que IGRA otorgó ilegalmente a la tribu derechos exclusivos para operar casinos y apuestas deportivas en Washington. La empresa, propietaria de salas de juego en todo el estado, demandó a las autoridades federales y estatales en 2022, buscando invalidar todos los acuerdos tribales con el estado.
La tribu Shoalwater Bay, que era el objetivo directo del acuerdo, intervino, argumentando que la destitución de Washington era necesaria porque era una “parte indispensable” en la demanda que buscaba invalidar el acuerdo. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito estuvieron de acuerdo y sostuvieron que el caso no podría continuar sin esos tribunales.
“La demanda de Maverick amenazó el pacto de juego asequible, el bienestar económico y la capacidad de Shoalwater para financiar funciones gubernamentales críticas”, dijo el presidente tribal de Shoalwater Bay, Quintin Swanson, en una declaración proporcionada por el Fondo de Derechos de los Nativos Americanos.
Informes anteriores de Tribal Business News indicaron que la demanda de Maverick sigue a la decisión de los legisladores de Washington de 2020 de limitar las apuestas deportivas a los casinos tribales mediante una enmienda compacta. Maverick argumentó que la ley creaba un monopolio injusto, pero el tribunal sostuvo que el interés soberano de la tribu en el tratado no podía litigarse sin el consentimiento de la tribu.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también pidió al tribunal superior que denegara la moción de Maverick, haciendo definitiva la decisión del Noveno Circuito. Al rechazar la revisión, la Corte Suprema dejó intacto el marco de juego tribal de Washington y fortaleció la fuerza de la soberanía tribal bajo IGRA.
“La Corte Suprema ha rechazado una vez más una demanda frívola que buscaba atacar el núcleo de los derechos tribales”, dijo en un comunicado la abogada principal de la NARF, Renee Powell.